Inversión de la carga de la prueba

Inefectividad e ineficiencia de la provisión sanitaria privada

En la base de la mayoría de los sistemas de justicia  democráticos la "carga de la prueba" de cualquier delito corresponde a la parte fiscal, al acusador. Se fundamenta en el antiguo principio latino de que "lo normal se presume, lo anormal se prueba" y da substancia el consabido derecho garantista de que "todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario". Pues bien, parece que en el caso de los sistemas de gestión sanitaria se da el principio contrario, el de la "inversión de la carga de la prueba", reservado exclusivamente para delitos especialmente sensibles, como los de discriminación o violencia de género, en los que no es la víctima que acusa quien tiene que demostrar la culpabilidad del acusado, sino el maltratador quien tiene que dar pruebas de su inocencia o de su no culpabilidad.

En esa situación estamos. Se admite como un credo que los sistemas de gestión privados son más eficientes "per se" y que los sistemas públicos son unos auténticos maltratadores de las finanzas públicas. Son los sistemas públicos quienes tienen que demostrar su inocencia y a los sistemas privados se les admite sus efectos benéficos sin más respaldo que su cara bonita y su dedo acusador.

No voy a referirme de nuevo a los infinitamente mejores resultados en salud de los sistemas de provisión pública (auténtica vara de medir de un sistema sanitario), que ya he mencionado en otras ocasiones, pero voy a proporcionar al tribunal que juzga esta causa dos pruebas objetivas, no ya de la inocencia de los sistemas de provisión publica, sino incluso de su superioridad y benevolencia.

La primera es la publicación de los resultados de, como dicen sus autores, un auténtico experimento natural habido en Italia tras el extenso proceso de privatización de la provisión de los servicios sanitarios  llevado a cabo en ese país en los noventa. El trabajo se ha publicado en Journal Epidemiology Community Health en este mismo mes de enero y está firmado por un sexteto internacional de autores pertenecientes a Universidades de Siena, California, Londres y Cambridge. En el estudio evalúan si el cambio al sistema de provisión privada en las diferentes regiones italianas afectadas ha tenido algún efecto en la evolución del indicador "mortalidad evitable por acción de los sistemas sanitarios" ; es decir, sobre todas aquellas muertes dependientes del mejor o peor funcionamiento de los sistemas sanitarios. 

Tras un concienzudo análisis en el que se ajusta por cualquier otra variable conocida que pudiera afectar a este resultado llegan a la conclusión de que la inversión en sistemas de salud públicos tiene un efecto positivo sobre la reducción de la mortalidad evitable (desciende un 1,47 % por cada 100 euros cápita invertidos), mientras que la inversión en sistemas de provisión privada mantiene plana la evolución de este indicador. En otras palabras, no lo mejora en absoluto. Y eso manteniendo ambos sistemas de provisión, público y privado, bajo un mismo sistema de financiación, es decir, costeados ambos con fondos públicos. Por tanto, primera prueba: los sistemas de provisión públicos son más efectivos a nivel poblacional,  a nivel de los resultados de salud en los ciudadanos de a pie.

La segunda, es un pequeño pero riguroso análisis que S. Peiró y R. Meneu hacen en el blog Nada es Gratis en el que comparan el costo "per capita", el que verdaderamente cuenta para el financiador público, de los hospitales de provisión pública y los gestionados por entidades privadas bajo un régimen de concesión en la Comunidad Valenciana, la región española con más experiencia en este asunto.  Según sus cálculos, el gasto por habitante de los hospitales bajo régimen de concesión estimado para el año 2009 (707,6 euros) fue un 7,5 % mayor que el incurrido por los hospitales de gestión pública (658,5 euros). Y aunque advierten sabiamente estos dos reconocidos investigadores que los costes no son lo único que importa en la atención hospitalaria, que es muy relevante también evaluar en paralelo la calidad de la atención recibida (volvemos a los resultados en salud), aún con todas sus precauciones, su trabajo sirve para acercar al tribunal la segunda prueba que comentaba para este inopinado y repentino juicio sumarísimo al sistema público en el que nos han metido: los hospitales de gestión pública son más eficientes, o al menos, lo son tanto como los de gestión privada.

Me gustaría ver que los acusadores mostraran de paso, algún hecho, algún testimonio, alguna pista de la nobleza y rectitud de sus acciones. Que pusieran en claro que sus acusaciones no son malintencionadas, torticeras y trufadas con la cal de la difamación y el interés.